La apuesta de los Estados por las “Organizaciones No Gubernamentales” y el “disimulado” desmantelamiento de los servicios públicos

Frontex es la respuesta de la Unión Europea a la llegada de personas migrantes a nuestras costas. Es la elección de nuestros Gobiernos (de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores) por la militarización y la colaboración con los diferentes cuerpos policiales de los Estados europeos para “proteger”, -como bien reproducen en la página oficial de la agencia-, “el espacio de libertad, seguridad y justicia, sirviendo a los intereses de la ciudadanía”, y custodiando los límites fronterizos entre ricos y pobres. Frontex es también un negocio millonario para los Estados miembros de la UE y sus multinacionales, a costa de gente que no tiene más alternativa que la huida de sus territorios, personas que en el peor de los casos saben, desde antes de adentrarse en el mar, que esta decisión puede suponer el fin de todo. Al contrario de lo que se pueda pensar (y reproducir en los medios convencionales), en muchas ocasiones la actitud de todas estas personas, que prefieren morir intentando llegar a otros países más prósperos, es de valentía, amor propio y necesidad.

En los últimos meses, quizás y sobre todo en el último año, se intenta hacer ver/creer que, por un lado, el “trabajo” de Frontex es necesario –como servicio a la ciudadanía-, y por otro que las labores que vienen realizando otros entes u organismos en los Estados fronterizos de la UE en materia de migración es parte de esa “colaboración” que se desarrolla junto con la agencia europea de control de fronteras. Pero ni la primera ni la segunda son ciertas. Detrás de toda este gran trabajo político y mediático encaminado a lavar la imagen de la agencia y la de sus colaboradores necesarios solo está la maquinaria de los Estados neoliberales de nuestro primer mundo que, paradójicamente, siempre encuentran puntos de acuerdo cuando se trata de blindar los privilegios de quienes más tienen frente al resto de países empobrecidos y maltratados.

La publicidad que se está realizando en los últimos meses al proceso que desde Frontex llevan a cabo para reclutar a más personas que formen parte de este organismo armado no podría explicarse si no entendiéramos que este chiringuito europeísta es un rentable negocio tanto para Gobiernos como para empresas privadas.

Ismael Furió, trabajador de Sasemar y sindicalista de CGT (sindicato mayoritario en el ente), lo admitía abiertamente en los micrófonos de Ràdio Klara (València) hace unos días. “La militarización de las fronteras es la maniobra de la Unión Europea, la de todos sus Gobiernos, para trasladar la frontera sur de Europa al norte de África. Hemos comprobado cómo se han movido las llegadas en los últimos años a nuestras costas. Primero se desplazaron al mar de Alborán porque se militariza el estrecho de Gibraltar –la zona de paso más obvia para estas personas porque es también el trayecto más corto-, y luego, a partir del último año, hemos asistido al aumento del número de las llegadas a través de la ruta canaria, debido a la militarización de Alborán. El número de muertes y desapariciones en rutas más largas y peligrosas han crecido. Todo esto, para el salvamento civil, es una tragedia que no deberíamos consentir”.

A lo largo de sus más de 25 años de vida, Sasemar ha sido un objetivo a derribar por todos los Ejecutivos que han ido pasando por Moncloa, con independencia de su color político. Sin embargo, explicaba Furió, uno de los mayores pasos, que es la militarización de las aguas españolas, se ha dado con el actual Gobierno, incluidos sus socios y socias de coalición y buenos conocedores de la realidad del Salvamento Marítimo español y de las consecuencias que traería su desaparición. Esta actitud, ya muy conocida por la cantidad de ejemplos que tenemos a lo largo y ancho del país con quienes venían a cambiarlo todo pero que finalmente han terminado perdiéndose en ese camino hacia el asalto a los cielos, demuestra que los votos siguen siendo lo primordial. La nueva clase política ha terminado pareciéndose demasiado a la antigua casta bipartidista.

La militarización de nuestras aguas y el desmantelamiento de los servicios públicos (que no únicamente está ocurriendo con las labores de rescate de vidas en la mar en nuestro país), es cada día más evidente y menos inevitable. El 90% de los países fronterizos ya no cuentan con medios civiles de salvamento marítimo, por eso Sasemar es una excepción en Europa.

Estos países han sustituido sus organismos civiles por medios militares (como la guardia costera italiana o las patrulleras militares griegas, francesas o alemanas), además de haber subarrendado el servicio a terceros, creando empresas low cost para ponerlas al frente de sus costas y que sean estas las que lidien con la doble tarea de impedir que la gente llegue a nuestras playas y soportar la mala imagen que se desprende de actuaciones concretas cada vez que surge una crisis migratoria.

La privatización de un servicio básico, esencial como es el de salvar vidas en la mar, no solo mueve dinero. Así se comprueba cada vez que conocemos que tras alguna reunión diplomática entre países europeos y países del norte de África, los Gobiernos de los primeros ceden material para realizar labores en materia migratoria, como barcos y vehículos de todo tipo, medios aéreos, material antidisturbios, ayudas millonarias para obras puntuales que cumplan la función de impedir el flujo de personas en estos puntos de las fronteras, tales como vallas o muros, etc. Todo ello responde a un único objetivo que es el establecimiento de unas políticas migratorias que cada vez tengan menos presentes los derechos más elementales de cualquier ser humano, con independencia de su origen o nacionalidad.

De manera paralela a este desmantelamiento y la puesta en marcha de políticas migratorias muy concretas para la culminación de este proceso, asistimos a la gran apuesta que desde el Estado se realiza por las “Organizaciones No Gubernamentales” (ONG). Estos colectivos, que cada vez son más numerosos sobre todo en el Mediterráneo central donde ya prácticamente los servicios de salvamento marítimo han desaparecido, demuestran que las políticas migratorias de los Estados miembros de la Unión Europea han fracasado. Son el resultado de la ausencia de actuaciones que respondan a las necesidades de los seres humanos que llegan hasta nuestras costas. Estas oenegés, cuya labor y acción humanitaria son incuestionables, están muy bien vistas a ojos de los Estados, de cualquier color y signo, precisamente porque dan respuesta a las necesidades que ellos mismos deberían cubrir y no lo hacen. Ante el panorama que en la actualidad tenemos, donde todo es un posible negocio para el capitalismo, a los Gobiernos les interesan que aparezcan estas organizaciones, porque es mejor correr con los gastos de una oenegé que reforzar un servicio público, donde hay que garantizar unas condiciones socio-laborales dignas a sus empleados, como ocurre con Salvamento Marítimo en el Estado español. Los Gobiernos saben perfectamente que estás organizaciones son mucho más débiles y en el caso de no ser cómodas, siempre se pueden hacer desaparecer de manera mucho más rápida y fácil que a una empresa pública donde sus trabajadores estén mejor organizados, dispongan de un buen convenio o sepan hacer valer su actividad como servicio esencial.

La situación del salvamento marítimo español sigue siendo precaria, como indican nuestros compañeros, trabajadores de Sasemar. Y ante la realidad actual se enfrentan a la gran duda de lo que será o de lo que pasará con este servicio en un futuro. Según CGT, existen dos opciones probables. Una de ella es que el organismo público sea absorbido por algún otro cuerpo militar, como los que ya existen y realizan tareas conjuntamente en la mar. La otra opción pasa por trocear el servicio y repartir a sus trabajadores por comunidades, convirtiendo su labor en una mera asistencia a otras embarcaciones y con el paso del tiempo, terminar siendo la subcontrata de otras empresas para labores secundarias, lejos de lo que hasta hoy vienen haciendo sus plantillas en un ente único en el mundo.

Europa ha apostado por la vía del control fronterizo a través de cuerpos militares en lugar de otras opciones que pusieran en el centro la vida de los seres humanos. Esta opción, que sin duda está costando muchas más vidas, es también más cara.

Se estima que el presupuesto de Frontex ha pasado de ser de 6 millones de euros en 2004, cuando se crea dicha agencia, a 460 millones en 2020. Una sola convención o acto de Frontex, que viene celebrándose como mínimo una vez al año, supera el presupuesto del que dispone Sasemar para un año. Pero Frontex no es un servicio de salvamento marítimo para personas con problemas en la mar, sean o no refugiadas o migrantes. Frontex es un cuerpo represivo que colabora con otras instituciones armadas, como en nuestro caso puede ser la Guardia Civil del mar, para evitar que personas pobres alcancen Europa a través de la frontera sur. Frontex no salva vidas y esto debería hacernos reflexionar sobre la Europa que nos han impuesto y la que necesitamos o queremos.

FUENTE:EL SALTO