La Xunta opera su salvamento marítimo con dos helicópteros alquilados que vendió en 2012 por “obsoletos”

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Cada cinco años la Xunta tendrá la opción de licitar otra vez este concurso y poder ofertar las empresas helicópteros más modernos y helicópteros con más prestaciones”. Así justificó el 24 de mayo de 2012 Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno gallego vendiese por 13 millones de euros los dos helicópteros que la Xunta de Manuel Fraga había comprado por 27 millones apenas siete años antes, en 2005, para el servicio autonómico de salvamento marítimo. “Lo contrario sería anquilosarse, tender al monopolio y a unas condiciones obsoletas con el paso del tiempo”, argumentó también la Consellería do Mar. Sin embargo, aquellos mismos dos helicópteros, dos aparatos Sikorsky S-76 C+ con matrículas EC-JES y EC-JET, siguen siendo los que prestan hoy el servicio, ahora alquilados a la empresa que los compró y con seis años más de antigüedad en sus aspas.


La vertiente económica de la operación por la que la Xunta vendió esos dos helicópteros de salvamento que tenía en propiedad para ahora tener que alquilarlos a través de licitaciones periódicas fue criticada en su momento por el Consello de Contas, órgano fiscalizador equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, que censuró que no se hiciese “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en las contrataciones futuras del servicio. Si antes de 2012 el coste de mantenimiento anual del servicio era de 7,5 millones de euros, hace cinco meses la Xunta lo adjudicó para el próximo lustro por 8,5 millones al año. El Gobierno gallego argumenta que el incremento se debe a que ahora se exigen nuevas condiciones a la empresa que presta el servicio.

Pero no fue el argumento económico sino el técnico lo que primó el Gobierno gallego para justificar hace seis años la venta de los dos Sikorsky. Cuando anunció la operación, el entonces secretario general de la Consellería de Medio Rural e Mar, Francisco José Vidal-Pardo, dijo en el Parlamento de Galicia, en una comparecencia el 22 de junio de 2011, que “lo contrario sería anquilosarse, tender al monopolio y tender a unas condiciones obsoletas con el paso del tiempo, y nosotros no queremos eso para el salvamento marítimo, queremos poder ir con el discurrir de los tiempos, que todas las mejoras tecnológicas en materia de salvamento marítimo podamos acogerlas en la Xunta de Galicia”. En la nota de prensa emitida por la propia Xunta sobre esa comparecencia también se destacaba que el nuevo sistema permitía “optar a aeronaves más avanzadas tecnológicamente ” porque “la Xunta no quiere ofrecer un servicio de condiciones obsoletas”.

La operación de venta tardó un año en concretarse por las dudas que mostró la propia Intervención de la Xunta. El Gobierno gallego finalmente la autorizó en su reunión del 24 de mayo de 2012, tras la que el presidente Feijóo destacó verbalmente que con la venta de los helicópteros “cada cinco años la Xunta tendrá la opción de licitar otra vez este concurso y poder ofertar las empresas helicópteros más modernos y helicópteros con más prestaciones”. También por escrito, en la nota de prensa de esa intervención, el Gobierno gallego consignó que “este sistema permitirá que, transcurridos los 5 años, la Xunta pueda exigir en el nuevo contrato el empleo de unas aeronaves más modernas y avanzadas”.

Seis años después, nada de eso ha pasado y los helicópteros que siguen prestando el servicio de salvamento, ahora alquilados a la empresa a la que se los vendió la Xunta, siguen siendo los dos mismos Sikorsky S-76 C+ con matrículas EC-JES y EC-JET, como el propio Gobierno gallego ha mostrado a través de varias fotografías divulgadas sobre una operación de salvamento realizada hace unas semanas.

A esta situación se ha llegado después de que la única empresa que se presentó en 2012 para comprar los dos helicópteros fuese la misma que ya los venía operando para el Gobierno gallego, Inaer, ahora integrada en la multinacional Babcock y que opera la inmensa mayoría del resto de servicios aéreos de la Xunta a través de concesiones en los que el Consello de Contas también ha encontrado nu merosas irregularidades . De hecho, Vidal-Pardo llegó a estar imputado por prevaricación por la adjudicación a dedo a Inaer sin ningún tipo de contrato de por medio del servicio de extinción aérea de incendios en 2012, procedimiento que el juez consideró ilegal pero cuya investigación archivó por entender que no había sido una decisión tomada por “capricho” y que el ex-secretario general se había limitado a trabajar a las órdenes del director general de Ordenación Forestal. A pesar de ese archivo, Inaer sigue en el foco del denominado cártel del fuego que investiga el presunto reparto de contratos de extinción de incendios entre empresas del sector en toda España.

Finalizado hace unos meses el contrato anterior de salvamento marítimo, el Gobierno gallego licitó uno nuevo por otros cinco años, pero pese a su intención declarada de que ahora el servicio se prestase con helicópteros más modernos, el resultado final fue que la empresa ganadora, sin rebajar ni un euro sobre el precio de partida, volvió a ser Inaer y que los aparatos que ésta le alquila ahora a la Xunta son aquellos dos mismos helicópteros “obsoletos” porque así lo permitió el pliego de condiciones sin que la firma tampoco lo mejorase por su cuenta.

La Consellería do Mar por esta situación y en particular por los argumentos esgrimidos en 2011 y 2012 para vender los helicópteros diciendo que así en el contrato actual podría optar a aparatos más “modernos”. Su respuesta es que “los helicópteros que actualmente se destinan a la prestación del servicio de salvamento marítimo cubren absolutamente las necesidades que al respecto se fijan en el contrato actual”.

La Xunta nada dice sobre las declaraciones realizadas por sus propios altos cargos hace seis años y se centra en defender la venta en aquel momento de los helicópteros con el argumento de que era entonces cuando “podía obtenerse un mejor precio”, tasado por expertos independientes, en función de la “vida útil potencial de las aeronaves antes de tener que incurrir en tareas de mantenimiento de elevado coste”. “La consellería quedó libre para que la prestación del servicio de salvamento pudiera llevarse a cabo por las aeronaves que en cada momento cumplan mejor con dicho fin y al mejor precio posible”, destaca Mar. Sin embargo, esa libertad no se ha traducido en nuevos aparatos sino que las aeronaves son hoy las mismas que hace seis años fueron vendidas con el argumento de que así la Xunta podría optar a otras “más avanzadas”.

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