Las condiciones en el barco no son las mejores y quizá por ello la sensación de alivio era patente ayer por la tarde, después de conocer que ya hay un puerto asignado para que desembarquen las 158 personas rescatadas por el Aita Mari en el Mediterráneo central. El buque guipuzcoano navega hacia la ciudad portuaria de Messina, al noroeste de Sicilia, donde está previsto que atraque mañana tras recibir el visto bueno de las autoridades italianas.
A bordo del antiguo atunero respiraban algo más tranquilos, aunque tampoco es precisamente júbilo lo que sienten náufragos que han sufrido vivencias traumáticas casi inenarrables.
De las 17 mujeres que han sido rescatadas, tres de ellas embarazadas, varias han reconocido haber sido víctimas de violación. El domingo fueron rescatadas 16 en una embarcación de goma a la deriva, y el lunes fue localizada una más en un bote de madera. Junto a ellas también hay menores que viajan solos. En total son 51 chavales, de los cuales trece ni siquiera han cumplido los doce años. La mayor parte de los náufragos son adultos varones, casi un centenar, “desorientados” debido a las experiencias traumáticas que han vivido.
Entre los miembros de la tripulación de la asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) se multiplican las tareas. Los compañeros que se encontraban ayer en cubierta, los responsables de enfermería y cocina se desvivían por atender a los náufragos, la mayor parte de ellos de Bangladesh y Mali. Atendiendo a la procedencia de todos, el barco es una suerte de torre de Babel en la que se hacinan personas de una quincena de nacionalidades que representan la mitad norte del continente africano.
Los responsables de la ONG redactaban ayer los informes sobre todo lo ocurrido tras el rescate de 93 personas el domingo y otras 65 un día después. Lo hacían mientras la tripulación iniciaba su singladura hacia el estrecho de Messina, un total de 250 millas que tardarán en cubrirse más o menos en función de la meteorología.
vigilancia del barco A bordo del buque guipuzcoano, Iñigo Mijangos, presidente de SMH, reconocía poco antes del anochecer que el barco, si bien “con seguridad”, navega al límite de su capacidad. La respuesta de las autoridades italianas ha llegado a tiempo, habida cuenta de que son casi 170 personas las que viajaban a bordo, entre náufragos y tripulación. La ONG se sabe estos días vigilada puesto que se ha convertido actualmente en el único barco que opera en la zona cumpliendo, en todo momento, la normativa internacional.
Paradójicamente, los integrantes de la tripulación se han convertido en testigos de excepción de situaciones en las que se sospecha que se está incumplimiento la normativa vigente. Lo hacen, precisamente, estados y administraciones que tan exigentes se han mostrado con el barco guipuzcoano. “No podemos acusar de nada, pero ayer estuvimos monitorizando una embarcación que traspasó las aguas territoriales maltesas. Era una navegación en precario que viajaba de noche, con el consiguiente riesgo para las personas que iban a bordo. Las autoridades maltesas la dejaron pasar, dejaron que surcara las aguas de su responsabilidad para que llegaran a Italia, evitando así tener que hacerse cargo de esas personas”, censura Mijangos.
Dos días antes supieron que un avión de las fuerzas armadas maltesas dio aviso a una patrullera libia para que fuera a recoger un bote cuando ya se encontraba en aguas del archipiélago del Mediterráneo central. “Fueron interceptados a más de quince millas en aguas maltesas mientras esperaban a los guardacostas libios. Desde nuestro punto de vista, la intención era hacer una devolución en caliente que se pudo evitar por nuestra presencia. Estando aquí, de alguna manera, obligamos a que se cumpla la legislación porque esas personas que querían ser devueltas eran probablemente refugiadas, merecedoras de asilo internacional”, denuncia Mijangos.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que ninguna persona rescatada en aguas internacionales puede ser devuelta a un lugar del que huye. Por tanto, según recuerda SMH, “tienen que ser los Estados europeos los responsables de garantizar la vida de todas las personas en el Mediterráneo”.
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