Cien muertos y al menos siete supervivientes es el saldo que ha dejado el hundimiento de una barcaza en aguas de Sabratha (Libia). Se trata del último naufragio del que ha podido dar testimonio la Marina del país, principal trampolín del Mediterráneo central para los miles de migrantes que esperan en sus puertos la oportunidad de partir hacia Europa. Según el general libio Ayub Kacen solo se pudieron rescatar a siete personas que llevaban unos tres días en el mar a la deriva.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que 2.550 personas han perdido la vida en el Mediterráneo este año, la mayor parte en la ruta central. En la occidental (España) se han reportado 135 víctimas, más que las 35 de la oriental (Grecia) cuya puerta se mantiene cerrada desde que Turquía y la UE sellaron un acuerdo de colaboración a cambio de fondos.
Detrás del muro invisible que ha levantado la UE en el Mediterráneo se esconde otro problema con el que los 28 todavía no han sabido lidiar: los demandantes de asilo. Más allá del fracasado plan de reubicación de refugiados, saboteado por países como Hungría y Polonia, la UE es incapaz de gestionar el aluvión de demandas de asilo pendientes. Más de un millón de personas, de los 2.2 que llegaron durante la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, están todavía a la espera de que se tramiten sus solicitudes para obtener el estatus de refugiados, según un informe de Pew hecho público esta semana. Al menos 760.000 demandas están en fase de estudio y 385.000 ya han sido rechazadas frente a las 885.000 que recibieron el visto bueno en 2015 y 2016, la mayoría en beneficio de ciudadanos de Siria, Afganistán e Irak.
Las cifras no dejan lugar a dudas. Alemania es el destino predilecto para quienes buscan protección internacional. El país absorbió el 45% del total de los demandantes de asilo. A pesar de la carga burocrática que ha supuesto para su Administración, Berlín siempre ha estado a favor de los programas de reubicación de asilados desde Italia y Grecia, una medida de urgencia que adoptó el Consejo Europeo en septiembre del 2015 para ayudar a los países de llegada a gestionar la crisis humanitaria. A pesar de las promesas del ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, España no ha cumplido con la cuota que se le asignó (1.257 de los 9.323).
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