La activista Helena Maleno denuncia su “violenta expulsión” de Marruecos por defender a los migrantes

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El pasado 23 de enero intentó volver a Marruecos, el país donde residía su familia desde hace 20 años, cuando las autoridades marroquíes evitaron su entrada y la deportaron, obligándola a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad y “temiendo por la seguridad de la misma”, según Caminando Fronteras


La principal defensora de los derechos humanos en la frontera sur española, Helena Maleno, ha denunciado haber sido expulsada “violentamente” de Marruecos, el país donde vive junto a su familia y donde desarrolla su labor de apoyo a las comunidades de migrantes desde hace 20 años. Según la activista, el pasado 23 de enero volvía al país desde España tras un viaje de trabajo cuando las autoridades marroquíes la deportaron, obligándola a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad y “temiendo por la seguridad de la misma”.

Maleno fue investigada por el Tribunal de Apelación de Tánger en 2018 por un supuesto delito de tráfico de personas debido a sus llamadas a los servicios de rescate españoles y marroquíes para alertar de vidas en riesgo en el mar, tras el envío por parte de la Policía española de un expediente sobre su labor durante el gobierno de Mariano Rajoy. En 2019, el juzgado marroquí archivó la causa, pero su impacto ha continuado en su vida, según asegura el colectivo Caminando Fronteras.

Durante el proceso judicial en Marruecos, la activista asegura haber visto “vulnerado su derecho y el de sus hijos” a vivir en este país. La activista denuncia que, desde la apertura de la causa, las autoridades marroquíes le han “arrebatado” la residencia y han rechazado “sistemáticamente” sus peticiones para recuperarla. Finalmente, la policía alauí expulsó a la activista de forma “repentina y violenta”. Para la defensora de los migrantes, su deportación se produce “como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos”.

“Desde abril de 2020, he sufrido 37 ataques: amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia” que “han llegado a poner en peligro la vida de mi hija, dice la activista, quien señala a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional y a la policía marroquí como “responsables”. Maleno ha convocado una rueda de prensa este lunes, junto a la actriz Alba Flores y el periodista y activista Moha Gerehou, para ofrecer los detalles de su expulsión del país donde ha desarrollado su labor durante las últimas décadas.

“Después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado”, expone la activista en una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La fundadora de Caminando Frontera indica haber recibido apoyo por parte del Ministerio de Derechos Sociales y la embajada de España en Marruecos.

El proceso judicial marroquí tiene su origen en una investigación iniciada en 2012 en España por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional. El expediente policial relacionaba a la activista con una “red de tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.

En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación, pero estas habían sido enviadas por España a la justicia marroquí con anterioridad, lo que derivó en la apertura de la causa contra Maleno en Marruecos, donde reside la activista. Tras varias citaciones judiciales, el juzgado marroquí confirmó en 2019 la inexistencia de “indicios de delito” contra la defensora de los migrantes y archivó la causa.

A través de un sistema de alertas, su ONG, Caminando Fronteras, ha permitido el rescate de miles de personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, la portavoz de Caminando Fronteras fue galardonada en 2015 con el Premio de Derechos Humanos “Nacho de la Mata” del Consejo General de la Abogacía Española. Ha sido distinguida con decenas de premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

Con el apoyo de varias organizaciones, Caminando Fronteras ha enviado una carta a Pedro Sánchez, para solicitar “el cese de la criminalización” y la depuración de “responsabilidades en las instituciones pertinentes para evitar “las acciones persecutorias contra su persona”. En su misiva, también pide al Ejecutivo la protección de la activista y de su familia, así como “la reparación de los innumerables daños instigados” contra ella y su familia.FUENTE

FUENTE:AQUÍ

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